Volumen 7 No. 13 ISSN:
27100537
Mayo-agosto 2025 ISSN-L:2710-0537
Páginas 114 – 124 
Educación inclusiva en Colombia y América Latina: de la normativa a la
realidad de la escuela
Inclusive education in Colombia and Latin America: from regulations to the reality
of the schooll
Angela Isabel Rodríguez Velazco
angela.rodriguezv2024@uted.us
https://orcid.org/0009-0003-1020-4963
University
of Technology and Education, Florida, Estados Unidos
Marcela Angelina Aravena Domich
domich2@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-6951-0960
University
of Technology and Education, Florida, Estados Unidos
Ensayo recibido: 10 de febrero 2025 | Arbitrado: 20 de marzo 2025 |
Aceptado: 15 de abril 2025 | Publicado: 05 de mayo 2025
https://doi.org/10.61287/rebe.v7i13.1198
Resumen
Este estudio
examina la educación inclusiva en América Latina y el Caribe, destacando su
papel fundamental en el progreso humano y la transformación social hacia la
equidad. Se enfatiza que el acceso a la educación es un derecho universal, que
incluye a las personas con discapacidad, quienes deben tener igualdad de
oportunidades educativas, tal como lo establece la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2006).El análisis se centra en los desafíos
de la implementación de la educación inclusiva, particularmente en la falta de
capacitación docente para atender a estudiantes con discapacidad, lo cual puede
llevar a la segregación. Se argumenta que la formación docente en educación
inclusiva es esencial, no solo para proporcionar herramientas pedagógicas, sino
también para fomentar un enfoque ético y empático. El objetivo principal de
este artículo es conceptualizar la educación inclusiva en la región, resaltando
su importancia para el desarrollo educativo de los niños y como un derecho humano
fundamental. Se exploran temas como el contexto de la educación inclusiva en
América Latina y el Caribe, su desarrollo en Colombia, las políticas inclusivas
y el papel crucial de la docencia. Finalmente, se presentan conclusiones sobre
los desafíos, oportunidades y retos para lograr una inclusión educativa
efectiva a nivel general y escolar.
Palabras
clave: Educación inclusiva; Discapacidad; Formación docente; Derecho universal;
Equidad
Abstract
This study examines inclusive education
in Latin America and the Caribbean, highlighting its fundamental role
in human progress and social transformation
towards equity. It emphasizes that
access to education is a universal right, which includes
people with disabilities, who should have equal
educational opportunities,
as established by the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (2006), and focuses on the
challenges of implementing inclusive education,
particularly the lack of teacher
training for students with disabilities, which can lead to segregation. It is argued that
teacher training in inclusive education
is essential, not only to
provide pedagogical tools, but also
to foster an ethical and empathetic approach.The main objective of this article
is to conceptualize
inclusive education in the region, highlighting its importance for the educational
development of children and as a fundamental human right.
Topics such as the context of
inclusive education in Latin
America and the Caribbean, its development in Colombia, inclusive policies
and the crucial role of teachers are explored. Finally, conclusions are presented on the
challenges, opportunities
and challenges to achieve effective educational inclusion at the general and school levels.
Keywords: Inclusive
education; Disability; Teacher training; Universal right;
Equity.
INTRODUCCIÓN
La educación es
un medio para el progreso humano como señala Gimeno (2013) la educación no solo
impacta la formación de individuos, sino que tiene un papel fundamental en la
transformación de la sociedad, impulsando procesos hacia la equidad y la
justicia social. La educación debe fomentar un conocimiento crítico que permita
a los estudiantes adaptarse al entorno e intervenir activamente en su
transformación, promoviendo una convivencia más justa y respetuosa.
El acceso a la
educación es un derecho fundamental y universal, sin discriminación para los
individuos en condición de discapacidad. La Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2006), establece que todos los niños con
discapacidad deben tener acceso pleno a la educación en igualdad de condiciones
con sus compañeros. Se requiere, no solo un sistema educativo inclusivo, sino
de aulas que se adapten a las necesidades. En Colombia a pesar de las
normativas que promueven la inclusión como el Decreto 1421 de 2017, persisten
desafíos significativos en su implementación, evidenciando la brecha entre la
normativa y la realidad cotidiana en las aulas.
Uno de los
principales obstáculos, radica en la falta de capacitación y formación de los
docentes para atender a estudiantes con discapacidad. Es una realidad que los
maestros, ante el desconocimiento de estrategias pedagógicas direccionadas a
esta población, sientan frustración e incapacidad. Como resultado de ello,
puede llevar a la segregación de los estudiantes con discapacidad en el aula.
Esta situación no solo dificulta el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes,
sino que también afecta su integración social con el resto de los compañeros.
Por lo tanto, es
necesario que los docentes cuenten con una formación sólida en educación
inclusiva, que no solo les brinde herramientas pedagógicas si no que, a su vez,
aborde un enfoque ético y empático hacia la diversidad. La educación inclusiva
debe verse como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los
estudiantes con discapacidad, además tiene el propósito de transformar las
actitudes sociales hacia ellos. Además, la integración de estos estudiantes en
un entorno inclusivo, beneficia a toda la comunidad educativa, promoviendo el
respeto mutuo y la comprensión de las diferencias.
Este artículo
tiene como objetivo abordar y conceptualizar la educación inclusiva en América
Latina y el Caribe, con ello se ponen en un espacio central la importancia del
desarrollo educativo de niños y niñas y de la educación como un derecho humano
fundamental.
El concepto de
inclusión garantiza los derechos de las personas con discapacidad,
permitiéndoles participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Esto
implica, asegurar que las personas con discapacidad cuenten con las mismas
oportunidades de acceso a la educación como derecho garantizado (Dussan, 2010). La exclusión educativa va más allá de la
simple asistencia a la escuela. Se trata de la falta de oportunidades para
desarrollar habilidades de pensamiento necesarias para comprender, interactuar y
desenvolverse en un mundo complejo. En la actualidad, inclusión y exclusión no
solo se refieren a la asignación de espacios en instituciones educativas, la
ley enfatiza la garantía de que todos los estudiantes aprendan eliminando
cualquier tipo de discriminación (Aguerrondo, 2008).
En este ensayo,
se abordarán el contexto de la educación inclusiva en América Latina y el
Caribe, el desarrollo de la educación inclusiva en Colombia, políticas
inclusivas y la importancia de la docencia en la educación inclusiva.
Finalmente se exponen conclusiones relevantes sobre los desafíos, oportunidades
y los retos para una inclusión educativa a nivel general y en la escuela.
DESARROLLO
Contexto
de la Educación Inclusiva
La atención
efectiva de la población con discapacidad en el sistema educativo, es uno de los
mayores retos que enfrenta la educación inclusiva. La educación como derecho
humano fundamental debe garantizarse para todos los educandos,
independientemente de sus características físicas, mentales o cognitivas. A
pesar de que la legislación actualmente promueve la inclusión, persisten
grandes brechas en cuanto al acceso, la calidad y la equidad en la educación
para los estudiantes con discapacidad.
El Decreto 1421,
expedido por el Ministerio de Educación de Colombia (2007), establece un
compromiso claro para eliminar gradualmente las barreras que impiden la
vinculación de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Según
este Decreto, se debe promover el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y,
el aprendizaje en condiciones de equidad con los demás estudiantes. Sin
embargo, la implementación de este principio enfrenta varios desafíos en las
aulas, los cuales tienen implicaciones tanto a nivel pedagógico como social y
comunitario.
Por otra parte,
Pérez et al. (2024) mencionan que uno de los factores cruciales que incide en
la inclusión de los estudiantes con discapacidad es la percepción y el sentir
de los docentes. Estos sujetos son una
parte principal, como actores, en el proceso educativo. La formación de los
docentes para abordar la diversidad en el aula, especialmente cuando se trata
de alumnos con discapacidad, es fundamental para lograr una educación inclusiva
real.
Para Ainscow
(2005), no basta que los docentes sean conscientes de la legislación, deben
contar con las herramientas necesarias para integrar a estos estudiantes de
manera efectiva, considerando no solo los aspectos pedagógicos sino también los
enfoques sociales, humanos y legales.
Estas barreras en su trabajo, pueden ser tanto de naturaleza
estructural, falta de recursos, formación insuficiente, estigmas y/o prejuicios
sobre la discapacidad.
A nivel
integral, la Declaración de Incheon (UNESCO, 2015) establece que para el año
2030, todos los docentes deben capacitarse en inclusión. Esta meta, insiste en
la relevancia de abordar la formación docente como un elemento clave para
garantizar que la educación inclusiva se desarrolle en todos los niveles
educativos.
Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), actualmente la población se
considera diversa. Se estima que 1.300 millones de personas, lo cual equivale
al 16% de la población mundial, enfrentan una discapacidad significativa. Las
personas con discapacidad conforman un grupo muy diverso, por lo cual sus
experiencias y necesidades son relacionadas además, a elementos relevantes
como: el sexo, la edad, la identidad de género, la orientación sexual, la
religión, la raza, la etnia, la situación económica, entre otros. Además, las
personas con discapacidad tienden a tener una esperanza de vida más corta,
enfrentan peores condiciones de salud y experimentan más limitaciones en sus
actividades diarias en comparación con el resto de la población (OMS, 2023). Lo
que conduce en lo pedagógico, a la necesidad de fortalecer la calidad en el
abordaje de los procesos educativos con esta población, así como la
capacitación a los docentes en el sentido de formación de un espacio educativo
pensado en la calidad y equidad en el proceso de inclusión.
Las
discapacidades ya sean físicas, mentales o intelectuales, pueden generar todo
tipo de reacciones a nivel social como escolar. En consecuencia, se observan
fenómenos como la exclusión, la marginación y la estigmatización. Por tanto,
serán los Estados a través de sus políticas sociales, los que deben dar
garantía de acceso de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad
a la educación. Las normativas tienen por misión, erradicar cualquier forma de
discriminación. Sin embargo, como ya se señaló, serán los docentes quienes se
encarguen de ejecutar dichas políticas (Vélez y Manjarrés,
2020).
En el mismo
sentido, niños, niñas y adolescentes que presentan discapacidad, evidencian
tasas bajas en la matrícula a la educación inicial. Incluso al asistir a la
escuela, corren con el riesgo de abandonarla antes del tiempo esperado, sin
terminar su proceso de formación académica (UNESCO 2021). Según la UNESCO
(2017), los niños con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia
escolar y acoso, limitando su derecho a permanecer en las aulas. Por su parte,
Bourdieu y Passeron 1970, señalan que las estructuras sociales y culturales en
el sistema educativo, tienden a reproducir desigualdades, lo que puede aumentar
la vulnerabilidad de los estudiantes al acoso y la exclusión. Esta situación se
manifiesta en las aulas de América Latina y el Caribe y aún no se logra dar
garantías a la educación para todas las personas.
Importante se
hace destacar, que existen limitaciones para los estudiantes con discapacidad
en términos educativos pero también, los docentes se enfrentan a escenarios
diversos que no logran manejar. Así, se constatan problemas de estructuras
físicas de los establecimientos educacionales, falta de formación docente y una
comunidad que poco contribuye al proceso de integración de las personas con
discapacidad. Para Cobeñas (2020):
Estos
hechos reflejan el impacto de las importantes barreras continuas a la educación
que enfrentan muchas personas con discapacidades, que incluyen falta de
accesibilidad, tanto en términos de edificios escolares físicamente
inaccesibles como de materiales de aprendizaje inadecuados. Discriminación y
prejuicio que impide que las personas con discapacidad accedan a la educación
en igualdad de condiciones con los demás exclusión o segregación de los
entornos escolares ordinarios de educación de calidad inferior, incluso en
entornos generales donde los niños con discapacidad han sido integrados en el
sistema no inclusivo existente. (p. 15)
La UNESCO (2021)
considera la exclusión, una problemática real de nuestra sociedad. Siendo la
exclusión educativa una realidad en los destinos países de América Latina. No
solo significa niños no escolarizados sino, falta de bienestar social y
protección a las situaciones vulnerables. Por ello, el sistema educativo, juega
un papel excluyente en el acceso a la educación, posibilitando que los
obstáculos impidan la inclusión en las aulas de niños y niñas con discapacidad,
muchas veces generando negatividad y violencia hacia esta población (Karsz, 2004; Castillo, 2009; Granada, et al. 2013)
Educación
Inclusiva
En mayo de 2015
se reunieron en Incheon, Corea, ministros de educación de todos los países el
mundo, jefes de organismos, delegados de organizaciones, representantes de los
docentes y de la sociedad civil, como los jóvenes, el sector privado, entre
otros, para la realización del Foro Mundial sobre la Educación de ese año, cuyo
tema central fue liderar y proponer el fundamento para las metas de la
educación como iniciativa mundial, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) trazados por otras instancias. La visión del evento se
fundamente en “transformar vidas mediante la educación, reconociendo el
importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo
y para la consecución de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos” (UNESCO 2015 p. 2). Este acontecimiento mundial, expone la urgencia
de una agenda en “educación única y renovada que sea integral, ambiciosa y
exigente, sin dejar a nadie atrás” (p. 2), en ese sentido el objetivo 4 de
desarrollo sostenible se plantea como clave “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa, de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos (UNESCO 2015, p.2).
La
UNESCO manifiesta que la educación debe comprenderse en una concepción
humanista basada en la dignidad, la justicia social, la inclusión, la
protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica. Al entender que la
educación “es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para
garantizar la realización de otros derechos” se reconoce la importancia de que
se establezcan escenarios que potencien el acceso y permanencia en un sistema
educativo más equitativo. (UNESCO 2015, p. 3).
En este sentido,
los dignatarios trazan la meta de los Estados para que estos brinden una
educación de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, en
los niveles primaria y secundaria, durante al menos doce años, de los cuales
nueve sean obligatorios y sumado a que haya un año de enseñanza preescolar
obligatoria, gratuita y de calidad.
Como se observa,
en la Declaración aboga por la calidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la
educación, así como la igualdad de género. En el punto 7 de la declaratoria,
insiste en lo siguiente:
La
inclusión, la equidad en la educación son la piedra angular de una agenda de la
educación transformadora por consiguiente nos comprometemos a hacer frente a
todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las
desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje.
Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado
para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios
en las políticas de educación nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos,
especialmente aquellos con discapacidad, para velar por que nadie se quede
atrás (UNESCO 2015, p. 3).
Desde el enfoque
pedagógico, insiste en que los docentes tienen la responsabilidad de desafiar
los discursos y prácticas hegemónicas que promueven la exclusión. El
develamiento de formas de discriminación, como el racismo y la xenofobia
presentes en diferentes documentos se convierte en un ejercicio de resistencia
política y compromiso social (Soler, 2009). Por lo tanto, los educadores no
solo transmiten conocimientos, sino que desempeñan un papel activo en la
transformación de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad en el
ámbito escolar. El docente cumple un rol central en la educación pero requiere
de las políticas de estado y de la formación necesaria para su trabajo.
La
educación Inclusiva en América Latina y el Caribe
Diversos
artículos de América Latina y el Caribe (Arnaiz, 2003; Granada, Pomés y Sanhueza, 2013; Booth
& Ainscow, 2015), refieren que la educación debe ser inclusiva, pertinente
e intercultural; dado a ello, hacen particular insistencia a la formación del
personal docente orientada a dar cumplimiento a estas necesidades. Los Estados
deben ser garantes de la formación y capacitación a la planta docente dado a
que se deben desarrollar con propiedad las acciones que cumplan con la atención
a la diversidad.
En este
contexto, algunos Estados de la región han asumido un papel más activo,
promoviendo marcos normativos claros y estableciendo las orientaciones
pertinentes hacia una educación inclusiva para todos. Estos países han generado
políticas que buscan regular y garantizar condiciones óptimas para asegurar una
enseñanza equitativa, enfocada en el respeto por la diversidad. No obstante, es
preciso resaltar que el compromiso del Estado va más allá de la legislación. En
este sentido, los gobiernos deben ser garantes del fortalecimiento permanente
de la formación y capacitación de los docentes, reconociendo que sin un equipo
profesional bien preparado, resulta difícil abordar procesos inclusivos en el
aula.
Generalmente, la
educación inclusiva es asociada con “atención a la diversidad”, aunque en
varios países se asocia a la atención a estudiantes con capacidades
excepcionales o con necesidades educativas especiales. Atender la diversidad,
requiere igualdad en las oportunidades y la no discriminación, además de la
promoción de la equidad. Algunos países, refieren una mirada más comprensiva
acerca de la Educación Inclusiva (Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras
Paraguay, Perú, Uruguay o Venezuela) otros no presentan ideas claras respecto
al tema como Bolivia y Guatemala (Rico, 2010).
En América
Latina y el Caribe, según informe de la UNESCO, solo una cuarta parte de los
países cuentan con leyes de educación Inclusiva que involucran a todos los
estudiantes. De los 194 países analizados, solo hay cinco que integran leyes de
la educación inclusiva para todos los alumnos (Chile, Italia, Luxemburgo,
Paraguay y Portugal). Sin embargo, la idea de inclusión educativa de todos los
niños, niñas y adolescentes, se encuentra ausente en muchas de las
legislaciones del mundo (Llorente, 2020).
Fernández
(2007), destaca la importancia de crear un sentido de pertenencia y
participación activa dentro de las escuelas para todos, particularmente
aquellos estudiantes con discapacidad. Según el autor, la educación inclusiva
no solo se refiere a la adaptación de los espacios físicos o el currículo,
implica una transformación profunda en la cultura escolar, donde se promueve la
participación equitativa de todos los estudiantes, independientemente de sus
diferencias. Este enfoque implica, reconocer que los docentes deben tener y
desarrollar habilidades pedagógicas dirigidas a reconocer y valorar la
diversidad como un elemento fundamental para el aprendizaje de todos,
favoreciendo así una educación de calidad.
Para Briceño
(2015), uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva de la
educación inclusiva en América Latina, es la insuficiente formación de los
docentes y la falta de adaptación de las estructuras educativas para atender a
la diversidad. Para la autora, la inclusión educativa debe ir más allá de la
integración de estudiantes con discapacidad, trabajando con un enfoque que
considere las diversas necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En
este sentido, los docentes deben integrar una dinámica pedagógica flexible que
contemple las características individuales de los estudiantes y promueva su
participación en el proceso educativo. Este camino, no solo facilita la
inclusión también favorece a la creación de una educación de calidad para todos
los estudiantes.
En definitiva,
aunque América Latina y el Caribe han realizado avances importantes en el
reconocimiento del derecho a una educación inclusiva, aún existen desafíos
significativos relacionados con la legislación, la formación docente y la
transformación cultural de los sistemas educativos. Para que la educación
inclusiva sea una realidad visible, es indispensable que los Estados asuman un
compromiso firme con políticas integrales, recursos adecuados, así como una
visión educativa que coloque en el centro a la diversidad como motor de equidad
y calidad.
La situación
social en Colombia, evidencia la necesidad urgente de priorizar uno de los
aspectos clave para lograr un enfoque inclusivo en la sociedad (Dussan, 2010; Puñales y Fundora,
2017; Chiqui y Ureta, 2019). Actualmente uno desafíos que enfrenta el país,
tiene que ver con la persistente estigmatización y las profundas brechas
sociales que afectan de manera desproporcionada a diversos grupos vulnerables
como comunidades indígenas, afrodescendientes, personas en situación de pobreza
y personas con discapacidad. Estas desigualdades sociales, actúan como barreras
significativas que impiden la participación equitativa de todos los ciudadanos
en la vida social, económica y política del país (Chiqui y Ureta, 2019).
Ante este
panorama, es crucial y urgente dirigir la atención hacia la diversidad social y
abordar las diferencias de manera inclusiva. No solo se debe reconocer y
respetar la diversidad de realidades y experiencias dentro de la sociedad
colombiana, sino también implementar políticas y programas que fomenten la
igualdad de oportunidades y la inclusión social. Es esencial promover el
diálogo intercultural, la participación de todos los grupos sociales en las
decisiones que impactan sus vidas y comunidades. Solo a través de un enfoque
inclusivo se podrá construir una sociedad colombiana verdaderamente justa,
diversa y cohesionada.
Referente a las
brechas, las diferencias más notorias en el acceso a la educación entre las
personas con y sin discapacidad se encuentran en los niveles de educación
básica y media. Según estadísticas el 16,2% de las personas con discapacidad no
cuenta con ningún nivel educativo, mientras que solo el 2,6% de la población
sin discapacidad se encuentra en esta situación, lo que refleja una diferencia
de 13,6 puntos porcentuales. En cuanto a la educación básica primaria el 37,7%
de las personas con discapacidad han terminado, frente al 26,9% de las personas
sin discapacidad lo que genera una brecha de 10,8 puntos. Para la educación
media, el 16,5% de las personas con discapacidad la han alcanzado, cifra que es
9,2 puntos inferior al 25,7% en relación a la población sin discapacidad (DANE,
2023). Esta situación se transforma en un problema de país que debe ser
abordado por las políticas educativas y el Ministerio de Educación para
disminuir las brechas existentes.
En relación con
la educación superior, según las estadísticas solo el 14,3% de las personas con
discapacidad han llegado a este nivel, a diferencia con el 21,0% de las
personas sin discapacidad, lo que implica 6,7 puntos porcentuales de contraste
(DANE (2023). La diferencia, sigue siendo alarmante y da cuenta de un problema,
no solo de acceso, sino de continuidad y de acceso al derecho de la educación.
Es el Ministerio
de Educación de Colombia quien tiene la misión de aplicar las políticas
públicas dirigidas hacia la inclusión educativa. Como derecho fundamental niños
y niñas, incluidos aquellos con discapacidades, se garantiza el apoyo de los
procesos formativos y las adaptaciones que ello requiera (MEN, 2017). La Ley
361 de 1997 en su Artículo 10º establece, que el Estado Colombiano a través de
sus instituciones de educación pública tiene la responsabilidad de garantizar
el acceso a la educación y la capacitación para las personas con limitación.
Esta norma abarca los niveles de educación primaria, secundaria, profesional y
técnico, asegurando que estas personas puedan recibir una formación integral
adaptada a sus necesidades específicas. De esta manera, el Estado tiene el
compromiso de promover un entorno educativo inclusivo atendiendo las
particularidades de cada individuo, brindando las condiciones más adecuadas
para su desarrollo.
Así mismo, se
encuentra lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013, la cual tiene como objetivo
garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y
que puedan ejercerlos plenamente en todos los ámbitos de la sociedad. Las
disposiciones clave de esta ley incluyen la accesibilidad universal, la
eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación, la promoción de la
inclusión tanto laboral como educativa, el acceso equitativo a servicios de
salud y bienestar social. Además, establece mecanismos de protección y apoyo
específicos para quienes necesiten asistencia adicional para ejercer sus
derechos (Minsalud, 2013).
Por otro lado,
el Decreto 1421 de 2017 que regula la educación de las personas con
discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media, define pautas
específicas para garantizar una educación inclusiva y de calidad en todas las
etapas de formación, sentando las bases de principios fundamentales como la
igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad humana, la accesibilidad
universal, la participación de las personas con discapacidad y el enfoque de
derechos humanos en la educación. Este Decreto, proporciona una interpretación
clara de los términos relacionados con la atención educativa a la población con
discapacidad, lo cual facilita la implementación de las disposiciones
establecidas. El Decreto 1421 establece un marco normativo detallado que expone
lo concerniente a que las personas con discapacidad reciban una educación de
calidad, que responda a sus necesidades específicas y promueva su desarrollo
personal y social.
La legislación
es precisa y está orientada a la disminución de cualquier forma de exclusión,
sin embargo desde el título de este artículo, se viene señalando que esta
normatividad debe hacerse realidad en la escuela. Falta trabajo por hacer para
llegar al derecho pleno de la educación.
El
Docente y Educación Inclusiva
El rol docente
es esencial en la implementación de pedagogías inclusivas, ya que sus
experiencias en el aula permiten responder a la diversidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Estas prácticas favorecen los conocimientos previos de
los estudiantes y su aplicación en la vida diaria (Ayala y Aravena, 2022). La
formación crítica y consciente de los docentes, también es clave para el
fortalecimiento y la construcción de políticas educativas que respeten la
diversidad cultural y las vulnerabilidades presentes en las comunidades (Mora,
2018).
Es importante mencionar, “que la disposición y
preparación profesional del profesorado es decisiva para la puesta en práctica
de cualquier proyecto educativo, más aún cuando tenga elementos tan novedosos y
complejos en comparación con las prácticas educativas tradicionales” (Cruz y Mijenes, 2015, p. 121), como lo es atender en el aula a los
estudiantes con necesidades de apoyo en el proceso de aprendizaje.
Desde los
desafíos en las prácticas pedagógicas inclusivas, reconocen que los docentes
son quienes mejor conocen el contexto de la inclusión de los estudiantes con
discapacidad, pero no se han generado los espacios adecuados para discutir las
realidades que enfrentan en su práctica. Continuamente, se enfrentan a retos,
miedos y dificultades que afectan la implementación de la inclusión educativa.
La falta de colaboración entre los docentes, el temor a ser evaluados por los
colegas y la falta de confianza en las contribuciones ajenas, dificultan la
atención pertinente de los estudiantes con discapacidad en el entorno escolar
(Muñoz et al. 2015).
Se presentan
problemas y dificultades en la inclusión educativa para los docentes. A pesar
que la idea de la inclusión, es ampliamente aceptada, la implementación
efectiva sigue siendo un reto. Aunque existen leyes que garantizan la inclusión
en teoría, los recursos limitados revelan que estas leyes pueden ser
excluyentes en la práctica. A menudo, las leyes y políticas de inclusión no se
cumplen adecuadamente debido a la insuficiencia de recursos y a la necesidad de
un enfoque integral y colaborativo entre sociedad, escuelas, gobiernos y
ciudadanos (Muñoz, et. al 2015; Ayala y Aravena, 2022).
Desde las
contradicciones y obstáculos, la atención a una población diversa requiere un
esfuerzo constante y colaborativo entre los docentes y otros profesionales en
el ámbito educativo. La formación continua de los docentes es fundamental, ya
que la educación inclusiva implica un cambio profundo en la cultura y el
funcionamiento de las instituciones educativas. Las evidencias muestran que la
formación aislada de los docentes no genera cambios significativos en la
cultura escolar, por tanto es crucial desarrollar un proyecto educativo
inclusivo y compartido para que transforme las actitudes y las prácticas
educativas (Blanco, 2006).
Actualmente la
educación inclusiva es una prioridad en los sistemas de educación en diversos
países incluido Colombia, esto responde a la implementación de garantías para
que todos los estudiantes sin importar sus capacidades accedan a una educación
de calidad. En el caso de Colombia la Ley 1618 de 2013, establece las
directrices para la inclusión educativa, promoviendo una educación que respete
la diversidad y ofrezca oportunidades equitativas a todos los estudiantes.
El sistema
educativo colombiano, enfrenta múltiples desafíos para llevar a cabo prácticas
inclusivas, entre estos se encuentran la falta de formación docente en lo
relacionado al abordaje de los estudiantes que presentan discapacidad, las
prácticas pedagógicas, la falta de recursos adecuados y la resistencia de
algunos actores educativos a aceptar enfoques pedagógicos inclusivos. Esto
genera una realidad compleja donde la inclusión, no siempre se traduce en
prácticas efectivas dentro de las instituciones educativas.
Es fundamental
hablar del rol docente a la hora de llevar a cabo procesos de educación
inclusiva. Son ellos los principales actores que deben adaptar sus prácticas
pedagógicas y abordar la diversidad dentro de las aulas. Las prácticas
pedagógicas inclusivas, no solo requieren conocimientos específicos, sino
también una actitud abierta y comprometida con el principio de equidad
educativa. Por tal razón, los docentes desempeñan un papel esencial en la
creación de ambientes de aprendizaje accesibles y respetuosos de la diversidad.
Sin embargo,
parte de sus experiencias docentes, han desencadenado una historia que se
guarda o se filtra para evitar la exposición de lo que se considera una
debilidad. La soledad en el desarrollo
pedagógico, es una condición que acompaña al docente al enfrentarse a los retos
que involucra estar inmerso en un aula de clase donde no cuenta con el
conocimiento para ello. Es necesario, por tanto, conocer a fondo, qué pasa por
la mente de los docentes y cuáles son sus vivencias, en su estado físico como
emocional. En las aulas, se están
tejiendo realidades vividas por los docentes que no deben perderse.
CONCLUSIONES
La educación
inclusiva en América Latina y el Caribe es fundamental para fomentar una
sociedad más equitativa y justa. La región ha sido históricamente marcada por
desigualdades sociales, culturales, económicas, lo que ha impulsado la creación
de políticas públicas que promueven una educación inclusiva. Estas
disposiciones deben garantizar el acceso a la educación de todos los niños,
niñas y jóvenes sin excepción. El enfoque inclusivo, no solo busca incluir a
estudiantes con discapacidad, también atienda aquellos provenientes de minorías
étnicas, lingüísticas, rurales, de contextos vulnerables, reconociendo su
derecho a una educación de calidad y adaptada a sus necesidades.
En Colombia, la
educación inclusiva es una prioridad en las políticas públicas debido a las
diversas problemáticas sociales vividas por la población: el desplazamiento
forzoso, la desigualdad y la violencia. El sistema educativo debe garantizar la
accesibilidad para todos los estudiantes, sin discriminación alguna, cumplir
con un derecho. La educación inclusiva abre puertas a la reconciliación social,
ofreciendo nuevas oportunidades a los grupos más vulnerables. Este enfoque
también, promueve una transformación social basada en el respeto por la
diversidad, brindando igualdad de oportunidades para todos.
La
implementación de la educación inclusiva, no solo implica reconocerla como un
derecho, sino como un imperativo ético y social. Para lograr su efectiva
implementación, es necesario un cambio profundo en las prácticas educativas y
en la cultura escolar. Esto requiere una inversión en la formación continua de
los docentes, dotándolos de herramientas pedagógicas y desarrollando un enfoque
empático que valore la diversidad; por ello se hace necesario eliminar las
barreras presentes que impiden la atención de los estudiantes con discapacidad.
La inclusión no debe verse como una carga, por el contrario, debe entenderse
como una oportunidad para mejorar la calidad educativa para todos los
estudiantes.
Aunque se han logrado
avances en la implementación de la educación inclusiva persisten varios
desafíos latentes, entre ellos se encuentran las barreras arquitectónicas en
las escuelas, la falta de formación adecuada de los docentes y los prejuicios
hacia la diversidad. También, hay limitaciones en los recursos, en la
infraestructura escolar, lo que dificulta la implementación efectiva de
políticas inclusivas. Superar estas barreras requiere un esfuerzo conjunto
entre las políticas públicas, las instituciones educativas y la sociedad en su
conjunto.
La educación
inclusiva es fundamental en la protección de los derechos humanos, es por esta
razón que se requiere la garantía para que todos los niños, niñas y
adolescentes, cuenten con el acceso a una educación de calidad lo que permite
un avance relevante hacia la construcción de una sociedad más equitativa.
Aunque la educación inclusiva beneficia a los estudiantes con discapacidad,
también fortalece valores esenciales como la igualdad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad siendo estos pilares de los derechos humanos.
Desde las
normatividades, se presentan desafíos en la implementación hacia la inclusión
educativa pero, existe las oportunidades para pensar en sociedades más justas e
inclusivas. Este es un hecho que, desde América Latina y el Caribe, ya se viene
planteando y generando los esfuerzos para su logro. Se sabe que no es fácil,
especialmente por la falta de recursos económicos y humanos. Finalmente, los
retos para una inclusión educativa, a nivel general y en la escuela, se
lograrán en la medida que se tenga mayor conciencia sobre la importancia del
acceso igualitario a la educación, contar con maestros y comunidades educativas
conscientes de considerar que todas las voces son importantes para que este
desafío se aborde en conjunto y no como una tarea individual. Aun así, el
docente o maestro, tiene un rol fundamental que le permite liderar estos
procesos.
Definitivamente,
el desafío radica en llevar la normativa inclusiva a la realidad de las
escuelas. Aunque existen leyes y políticas que promueven la inclusión, la
verdadera transformación solo se logrará cuando se superen las barreras
estructurales, sociales y culturales que persisten en las instituciones
educativas. El proceso de transformación hacia una educación inclusiva efectiva
requiere del compromiso de todos los actores involucrados, con una inversión en
políticas públicas que aborden las necesidades de infraestructura, recursos,
formación docente, así como la participación de las familias y la sociedad en
su conjunto. Solo así se podrá garantizar una educación accesible, equitativa y
respetuosa de la diversidad, asegurando que nadie se quede atrás.
Finalmente, el
apoyo en el trabajo de los docentes hacia la inclusión en el aula, debe ser
acompañado, fortalecido y valorado. Un sujeto que conoce su función pedagógica,
tendrá más posibilidades de contribuir a la educación y al derecho humano que
ello implica.
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